Baltasar Garzón, el magistrado español más destacado en la lucha contra la corrupción y el terrorismo y firme defensor de los derechos humanos, afronta los momentos más amargos de su carrera, acosado por falangistas, pseudosindicalistas y abogados de personajes afectados por sus decisiones judiciales. El proceso que se sigue contra Garzón, con tres querellas, y que le ha costado la suspensión, ha sido contestado incluso por la ONU, y por miles de personas que han salido a las calles de España y otros países para apoyar al magistrado.
Apertura de la investigación
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró en octubre de 2008 competente para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo. En su auto, el magistrado atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el Gobierno de la República un plan de exterminio sistemático de sus oponentes y de represión que terminó con al menos 114.266 desaparecidos, de los que no se ha dado razón de su paradero, y que se enmarca en un contexto de crímenes contra la humanidad. Garzón añadió que al estar muertos los implicados no existía responsabilidad penal, por lo que los juzgados territoriales correspondientes tendrían que hacerse cargo del caso. Garzón se inhibió un mes después en favor de estos 62 juzgados.
Posición de la fiscalía
Contra la decisión de Garzón se pronunció el fiscal jefe de la propia Audiencia, Javier Zaragoza, quien acusó al magistrado de abrir una "causa general" contra el franquismo lo que, en su opinión, violentaba las reglas y límites del proceso penal. El fiscal pidió la nulidad de la investigación, que calificó de "disparate jurídico" al tratar de juzgar unos hechos que, en su opinión, están prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977.
Qué se le imputa a Garzón
Los querellantes consideran que Garzón se excedió de sus funciones al asumir la causa del franquismo y le acusaron de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho, lo que podría suponerle una inhabilitación de 12 a 20 años. El magistrado tachó las acusaciones contra él de "burdas represalias". "Imputar a altos cargos de la dictadura franquista por un delito contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno puede ser discutible, pero en ningún caso constituye un delito de prevaricación", señalaba en su recurso. "Sólo con dificultad puede soportar el papel la afirmación de que Garzón actuó con la intención de ser injusto. ¿Cómo se podrá sostener tal cosa? Habría actuado de forma injusta si hubiera desamparado a las víctimas que reclamaban justicia; si les hubiera denegado su derecho a saber; si se hubiera negado, en fin, a admitir unas denuncias que recogían gravísimos hechos delictivos" dijo la defensa del juez. Por otra parte, los fiscales han ofrecido dos visiones distintas. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso contundentemente a que Garzón investigara los crímenes cometidos durante el franquismo. Sin embargo, cuando el Supremo admitió a trámite la querella de Manos Limpias, la fiscalía del alto tribunal se posicionó en contra de la denuncia porque consideró que adoptar decisiones "discutibles en derecho" no constituye en caso alguno un delito de prevaricación.
Suspensión del juez
El Poder Judicial suspende a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, y queda condenado a dicha suspensión por 11 años.
Mi opinión.
Miles de personas buscan desde hace varias décadas a sus seres queridos, desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Otros tantos han sufrido la represión en sus propias carnes.
El juez Garzón intentó hacer algo que nadie ha tenido el valor de hacer, plantarle cara a un pasado lleno de injusticias para muchos, y de tolerancia para las barbaridades que cometieron muchos otros. El juez sólo quería devolver los cuerpos de los familiares que mucha gente había perdido años atrás y nunca habían sabido de su paradero. Me parece que esta causa hacía justicia a muchos casos, casos de padres y madres de personas, casos de abuelos y abuelas, incluso de maridos o mujeres para los que aún pueden contarlo. Muchas personas salieron a la calle apoyando al juez, pero no se les tuvo en cuenta en la sentencia.
Este juicio fue una ocasión para todos los que ya de antes estaban en contra (de simplemente un juez que hacía bien su trabajo y que luchaba por la democracia) para anular la función como juez de Baltasar Garzón. Me parece aberrante que pueda suceder algo así, y no entiendo a las personas que defienden la postura del tribunal. ¿Acaso es que no son conscientes de la cantidad de personas inocentes que murieron y que nadie de su familia sabe donde están? No es humano ignorar estas injustas muertes como si nada hubiese pasado, y aferrarse a la idea de que lo pasado ya pasó. Si todos adoptáramos esa ridícula postura ante todo, la justicia no existiría. Simplemente por eso debemos de luchar por nuestros derechos y no podemos quedarnos quietos ante lo que nos parezca que nos los arrebata. Ahora estamos en tiempos difíciles en los que la gente no puede estar pasiva, tiene que defender sus derechos de forma pacífica, pero defenderlos. Y esta causa me parece más que suficiente para que toda esta gente saliera a la calle en apoyo al juez, aunque al final la opinión de tres personas de un tribunal, con sus correspondientes ideales políticos, ganase a la de todas éstas.
He elegido redactar este crédito porque esta tarde he visto La Voz Dormida, una gran película que nos cuenta todas las barbaridades que se cometieron durante la época franquista. Pero no me voy a poner a comentarla, porque sino empezaría aquí otro largo crédito.
María Gómez Risquet
